09/04/2023

IMPUESTO A LA PIEDRA

Hace años que los estudiosos del presupuesto municipal advierten que las cifras millonarias de esa tasa se van en gastos corrientes. Y que las localidades de donde sale el recurso minero no se ven beneficiadas con ninguna inversión.

LA PLATA QUE NO VUELVE EN OBRAS

Se dice a menudo que Olavarría es una “ciudad con recursos”, privilegiada por la naturaleza, porque su estado local recibe mensualmente el dinero proveniente del llamado derecho de explotación de canteras. Se trata de una tasa que se cobra desde el año 1948 a las empresas que desarrollan explotación minera en el Partido, con la idea que esa explotación -que afecta el paisaje y la tierra- “vuelva en obras de bien común”.

Los valores correspondientes a esa tasa que percibe el Municipio sólo se dimensionan en comparación con el presupuesto total. Por ejemplo, en el año 2022 se percibió un total de $2.247.446.928, cuando el presupuesto total para ese año fue de $8.364.633.000.

Una de las observaciones más reiteradas en los últimos años es la poca porción de ese dinero que se destina en obras y servicios para las localidades serranas. El dato del año pasado refleja que para las delegaciones municipales se destinaron, en total, 198 millones de pesos y los hospitales de las localidades recibieron 283 millones de pesos. Sumados ambos ítems, representan no más de un 20 por ciento de ese ingreso que aportan las empresas mineras.

El “espíritu” de esa tasa, creada en 1948, de alguna manera ya se desvirtuó y se advierte que el nivel de obras realizadas con ese dinero es mínimo, y los habitantes de las localidades lo notan aún más.

Cuando cada año las distintas fuerzas políticas analizan el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, se observan varias cuestiones. Una que se reitera año a año es la poca proporción del ingreso por la tasa -impuesto a la piedra- que va a los pueblos y comunidades donde están asentadas las fábricas. Desde el Foro Olavarría, se advirtió, el año pasado, que “los recursos que serán asignados a las Delegaciones Municipales representan solo el 1,76% del total del presupuesto, del cual más del 80 % es para cubrir el gasto de una plantilla de Personal que no alcanza para realizar los trabajos en las localidades”.

En el año 2018, por iniciativa de varias fuerzas políticas, se había impulsado la creación del denominado “Fondo Lara”. Esa propuesta buscaba “que el actual Intendente y los Intendentes que vengan en el futuro no puedan usar el denominado Impuesto a la Piedra para gastos corrientes y lo inviertan -como se ha hecho en anteriores gestiones- en obras y desarrollo del Partido de Olavarría” expresó en aquel momento Eduardo Rodríguez. Ese proyecto no avanzó y es poco probable que pueda hacerlo en el corto plazo.

El futuro parece que no será mejor. La concejal Telma Cazot, del interbloque del FDT, señaló sobre el presupuesto vigente para este 2023: “el total de presupuesto para las localidades es de 261 millones de pesos. Esto representa el 1,37% del presupuesto total del Partido de Olavarría. El año pasado se presupuestó el 1,75%, estamos viendo un ajuste para el año 2023”, dijo.

Y habló del Impuesto a la Piedra: “de los pueblos se llevan 3500 millones de pesos y le devuelven en obras la mezquina suma de 347 millones de pesos”.

Más atrás en el tiempo, en 2021, Celeste Arouxet, otra referente opositora, también se había referido a esa percepción extraordinaria y había señalado: "Con un 10% del impuesto a la piedra cambiaríamos la realidad de Olavarría".

Las localidades del partido de Olavarría han reclamado a través de distintos actores y formas que se les preste mayor atención. La última fue la movida para conseguir que se destinaran médicos para las guardias en las salas de atención primaria, algo que fue solucionado “a medias” y es permanente el señalamiento de los habitantes sobre falta de mantenimiento de calles o alumbrado público.

Y también reclaman por mejoras y mantenimiento en espacios públicos. Tal como sucede en la ciudad cabecera del Partido, donde el reclamo por atención a los espacios públicos es casi cotidiano (carteles nomencladores, monumentos, juegos de las plazas).

¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que con el paso del tiempo cambiara el destino de ese recurso tan importante para las arcas locales? ¿Podrá, en algún momento, plantearse un consenso entre las fuerzas políticas para que esos fondos puedan tener un uso previamente señalado como la realización de obras de infraestructura y desarrollo?

¿Qué actor podría representar los intereses de esas comunidades que se perciben abandonadas o postergadas? Los delegados municipales no parecen estar en condiciones de hacerlo. Desde hace varios años elegidos por el “voto popular” son simples ejecutores de un presupuesto ínfimo y no tienen poder de decisión ni margen de maniobra para plantear las demandas de los habitantes de las localidades.
Verte TV


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