13/04/2026
Se multiplican los fallos que ponen en jaque el cobro de las tasas viales: qué dice el último amparo
En las últimas semanas se sucedieron resoluciones judiciales contra las tasas viales que perciben distintos municipios, algunos suspenden el cobro, otros obligan a los intendentes a informar el destino de los fondos.
Caminos rurales
Por Lucas González Monte
La tasa vial, un mecanismo impulsado por intendentes de todo el país para recaudar fondos a través de una percepción a la carga de combustibles líquidos, vuelve al centro de la escena por recientes fallos judiciales que se han dado a conocer en la provincia de Buenos Aires.
El mecanismo fue adoptado por municipios de distintas regiones del país y por políticos de distinto color partidario ante la baja en la recaudación distrital, pero siempre fue señalado -en especial desde el gobierno nacional- por considerar que no está “atado a un servicio específico”.
Por otra parte, ya se habían presentado recursos judiciales denunciando una doble imposición: sucede que el Estado Nacional ya cobra el tributo a los combustibles líquidos y a eso se le suma, en el ticket final, la mencionada tasa.
Si bien una reciente investigación de El Cronista, evidenció que no son los municipios de la Provincia de Buenos Aires aquellos que más cobran en este concepto, la rebelión judicial sí comenzó en territorio bonaerense.
En ese sentido, hace pocos días se dio a conocer el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen que ordenó a la Municipalidad de Daireaux devolver dinero a productores rurales, tras declarar la nulidad de la tasa.
La resolución fue dictada por el juez Pablo Cristian Germain en una causa iniciada por un grupo de productores contra el municipio.
El fallo reitera el argumento que enarbola el gobierno nacional: la tasa solo resulta exigible cuando existe una contraprestación concreta.
El juez adoptó una posición particular: en el caso de uno de los demandantes, constató que no existía el mentado cuidado del camino por el que reclamaba, por lo que ordenó el cese del cobro. En otros tres casos, asumió que se trataba de un trabajo parcial, por lo que ordenó reducir el pago.
Así la reliquidación deberá contemplar los niveles de ejecución real del servicio en cada período analizado.
Derecho a la información
Otro fue el camino tomado por 19 productores de Azul que se presentaron ante la Justicia para pedir que se les informe cuál es el destino de sus pagos por tasa vial.
“Este amparo fue resuelto el pasado 31 de marzo por el Tribunal del Trabajo de Azul, donde tramitó la causa y los jueces hicieron lugar al amparo. La municipalidad contestó diciendo que era abusivo, porque tenía otro sentido pedir la información”, señaló Juan Carlos Luongo, uno de los productores.
Los jueces ordenaron al municipio, que conduce el peronista Nelson Sombra, dar el acceso a la información y lo que resolvieron que deben hacerlo en 45 días.
En ese plazo, deberán presentarse los balances de los 48 meses, la matriz de costos para mantener la traza, los ingresos al municipio por concepto de tasa vial y las últimas acciones de mantenimiento.
“Tasa es una contraprestación del servicio. No hemos conocido y tenemos derecho a saber cuánto es el dinero que se recaudó y cuanto el que se destinó para tener los destruídos caminos que tenemos en Azul”, dijo Luongo.
El reclamo está encabezado por Cristina Boubee, una propietaria que ha sabido encabezar reclamos contra el intendente y, en otras ocasiones, contra las retenciones al agro.
El antecedente judicial
El caso que más avanzó en tribunales es el de General Pueyrredón, partido cuya cabecera es Mar del Plata. Allí, en agosto de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 declaró la inconstitucionalidad de esta tasa.
El juez Simón Isacch consideró que era un “impuesto encubierto” porque no había una contraprestación directa para quien cargaba combustible.
Pero en enero de 2025, la Cámara de Apelación revocó el fallo anterior y le dio la razón al intendente Guillermo Montenegro, declarando la tasa como constitucional.
La Cámara argumentó que el municipio tiene potestad para crear este tipo de recursos destinados a obras generales.
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