26/08/2026

Municipios en alerta: la Justicia empieza a revisar si se cobran bien las tasas municipales

En medio del debate por los fondos a las provincias y la caída de ingresos municipales, un fallo ordenó no pagar un cargo adicional exigido por el Municipio de Moreno, al considerar que la comuna no pudo demostrar la contraprestación. Por Alejandro Cancelare

Desde hace algunos años, cuando Diego Valenzuela decidió eliminar más de un centenar de tasas por servicios municipales cuyas actividades a determinar ya no existían o porque creyó que eran vetustas y frenaban la apertura de actividades comerciales e industriales, inició una discusión mucho más genérica y que terminó de explotar con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y las constantes referencias realizadas en contra de este tipo de carga fiscal por el ministro Luis Caputo.

Esta semana, en un fallo inédito por su contundencia, la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de General San Martín le dio la razón al supermercadista Alberto Coto en su reclamo contra la Municipalidad de Moreno. La gestión de Mariel Fernández le reclamó por diferentes ajustes en las tasas de Publicidad y Propaganda, Cuidado de Medio Ambiente y Vial. Esta última, que en la mayoría de los municipios solo se paga cuando un automovilista llena su tanque de nafta o gas oíl, en esta localidad también se imputa por “camiones circulantes�. Coto también le ganó una pulseada a Fernando Espinoza, en La Matanza, que pretendía cobrarle como obra nueva una continuación de la construcción interrumpida por cuestiones económicas en 2011.

La Cámara de San Martín, que habitualmente les da la derecha a las comunas en este tipo de litigios, fue taxativa en contra de las atribuciones que adoptó la gestión de Fernández, que nunca pudo validar el motivo del cobro de los nuevos valores reclamados. Si no hay contraprestación de servicio por la tasa a cobrar, no hay deuda, sería la síntesis del voluminoso fallo expedido el viernes pasado.

La resolución en lo Contencioso Administrativo le da la derecha no solo a Valenzuela, quien hace quince días de presentó su Semáforo Fiscal junto con Patricia Bullrich, sino a otros particulares damnificados y a otras empresas que han reclamado en el pasado por el mismo tema. ¿Por qué quiere cobrar el municipio? ¿Qué contraprestación brinda? Son algunos de los interrogantes sin respuestas.

En Marzo de este año, Western Union rechazó el pago de una tasa por Seguridad e Higiene que le exigió la Municipalidad de Merlo por el simple hecho de haber llevado una encomienda hasta esa localidad. La firma no tiene domicilio legal ni sucursales en esa localidad. En ese mismo municipio también una vecina recibió el beneficio legal de no pagar la tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública, conocida como ABL, porque en su cuadra no pasaba ni el barrendero ni había asfalto. En una escala mucho mayor, los ruralistas de Daireaux, en el interior de la Provincia, también obtuvieron el reembolso de la Tasa Vial por el más estado de sus rutas y caminos y se comprobó que dichos fondos se utilizaban para gastos generales.

En agosto de 2022, Valenzuela, junto con la entonces Secretaria de Producción municipal, hoy subsecretaria de Comercio de la Nación, Verónica Ramos, presentaron un mega proyecto con la eliminación de un centenar de tasas municipales que solo existían porque los proyectos se copiaban y pegaban tal cual del año anterior. Ese cambio también sirvió para agilizar los trámites de habilitación, como en el caso de la Libreta Sanitaria, obligatoria en muchos municipios para emplear a un trabajador de comercio. La llegada de Milei al año siguiente y su discurso desregulador, hoy llevado a la práctica sin mucho resguardo por las propias actividades a las que se pretenden potenciar por Federico Sturzenegger, le dieron más relevancia.

Ante consultas realizadas por este medio a especialistas impositivos desde, la aparición de la primera discusión pública por el tema de la Tasa Vial, realizada la empresa ESSO contra la Municipalidad de Quilmes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al municipio. Pero esta carga es rápidamente verificable y comprobable ya que solo la pagan quienes consumen combustible y por cada ticket se le impone un monto adicional que debería servir para mantener la vía pública. En algunos casos hay una especificación particular para que así se realizara, pero en la mayoría no y va a cuentas generales.

Tampoco pueden ser analizables los convenios realizados por las comunas y las empresas de servicios públicos como EDENOR, por las cuales se cobran, con cargo específico, el porcentaje correspondiente al alumbrado público de la tradicional tasa ABL. Al ser un convenio entre partes, los dos salen ganando. Los municipios que se garantizan el recobro mucho mayor que si lo hicieran por medio de la boleta tradicional municipal, que tiene mucho menos capacidad de cobranza, y la propia empresa, que se queda con un monto fijo por cada cuenta por el servicio de retener y luego transferir esos montos.

Sin embargo, en su dinámica de buscar culpables, el Ministerio de Economía de la Nación quiere que no existan más ni las tasas ni los convenios empresa – municipios, aunque es el propio Luis Caputo el que somete a una tensión insoportable la situación de las rutas nacionales por no transferir los fondos que el Estado nacional cobra para por cada litro de combustible que se vende, alrededor de $3500 millones de dólares en dos años y mantiene la presión tributaria nacional como la más importante, seguida por los impuestos provinciales, que en el caso de los Ingresos Públicos, son los más distorsionantes del sistema.

El plano municipal es solo un 1,8% promedio en el costo total impositivo de todo el país. Según el Semáforo armado en Menos Impuestos.com.ar, la tasa vial más cara se cobra en Hurlingham, en el oeste del gran Buenos Aires, con 3,16% y la menor en San Pedro, con 0,52%