22/10/2019

El poder de la información jurídica en la sociedad del conocimiento

En el ámbito jurídico el acceso adecuado, oportuno y correcto a la documentación y a la información que allí se plasma es un requisito para el más eficiente ejercicio de determinadas habilidades profesionales.

El operador jurídico competitivo debe conservar sus conocimientos precisamente enfocados sobre el eje de su actuación técnica y actualizarlos permanentemente.

La humanidad asiste hoy en día a un intenso proceso de “mundialización” de los grandes temas contemporáneos. Asuntos tan vastos y variados como la producción mundial, la economía, las finanzas, el comercio electrónico, el cuidado del ambiente, el desempleo y la pobreza son algunas de sus expresiones. También lo son el crimen organizado, la corrupción pública y privada, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia contra las mujeres, la problemática del aborto q e incluso el modo en que los tribunales internacionales –con sus procesos judiciales extraterritoriales– abordan tales expresiones de criminalidad, entre otros asunto jurídicos.

Múltiples conflictos derivan de estos grandes temas constitutivos de la “problemática global”, en cuyo centro de gravedad los estados nación han perdido protagonismo ante la creciente intervención de actores transnacionales, que se organizan e interactúan en un mundo de fronteras líquidas, gracias a las posibilidades derivadas de los recursos financieros puestos en combinación con crecientes factores técnicos.

En este contexto, así como en su momento la sociedad agrícola dio paso a la sociedad industrial, y ésta a la sociedad de la información, los especialistas sostienen que actualmente nos encontramos transitando la sociedad del conocimiento.

Mientras que el signo de la sociedad de la información pasó por la creciente capacidad de almacenar información con mayor rapidez y se sustentó en la globalización, la automatización industrial y la inmediatez para conseguir productos y resultados, la sociedad del conocimiento se caracteriza por la apropiación crítica y selectiva de la información y reconoce como pilares la libertad de expresión, la diversidad lingüística y el acceso a la información para todos. Los desafíos que enfrenta pasan por reducir la brecha digital y la desigualdad de posibilidades en el acceso a la información, el conocimiento y la educación.

Los datos que originan efectos relevantes para el campo de las ciencias jurídicas, tratados para su transmisión a través de los medios según el proceso informativo, que permiten su acceso y uso por una pluralidad de sujetos, nos sitúan ante la información jurídica.

El proceso en el que el ser humano transforma los datos adquiridos en información, a partir de su intelecto, tiene por resultado el conocimiento.

Por su parte, el conjunto formado por la fijación de información y de conocimiento jurídicamente relevante en los distintos soportes, su inmutabilidad según el rendimiento que cada uno de ellos proporciona y la transmisión de los mensajes incorporados mediante su exhibición, comunicación o reproducción, constituye el núcleo central de la documentación jurídica. Dejando de lado su funcionalidad probatoria y centrándonos en lo que hace a su función como fuente del Derecho (integrada por los documentos que acreditan la existencia de textos legislativos, costumbres o principios generales del Derecho, y de su uso en forma teórica o práctica por los operadores jurídicos, al producir jurisprudencia o doctrina científica), la documentación jurídica va configurando a los distintos órdenes jurídicos locales y transnacionales, en miras de regular las relaciones intersubjetivas y de asegurar una pacífica convivencia social.

En el ámbito jurídico, como en muchos otros, el acceso adecuado, oportuno y correcto a la documentación jurídica y a la información que allí se plasma es un requisito para el más eficiente ejercicio de determinadas habilidades profesionales. Pero por sobre todo, y en lo que hace a una característica diferencial con otras materias, implica una necesidad ineludible en la ajustada toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio efectivo de inalienables derechos constitucionales de las personas (justicia, propiedad, libertad, salud, etc.).

Relacionado con lo dicho, un foco de preocupación importante pasa por el incremento exponencial que ha venido sufriendo la producción de documentos jurídicos que funcionan como fuente del Derecho. La magnitud de este fenómeno puede graficarse si nos detenemos a meditar sobre la cantidad de documentos jurídicos que se crean día a día: normas de alcance general (leyes –con sus antecedentes parlamentarios–, decretos, ordenanzas, resoluciones, disposiciones, acordadas, circulares, decisiones, notas, protocolos, etc.), sentencias de tribunales (de todas las instancias y jurisdicciones), producciones doctrinarias (libros, artículos, ponencias, dictámenes), etc. Incluyamos en nuestro cálculo la dimensión supranacional y, en plano local, las dimensiones federal, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Será sencillo comprender que frente a una explosión documental semejante, hasta los más versados juristas se verán en la imposibilidad física de acceder a toda la información jurídica publicada y –aunque pudieran– de mantener al día su conocimiento. Sin embargo, el operador jurídico competitivo debe conservar sus conocimientos precisamente enfocados sobre el eje de su actuación técnica y actualizarlos permanentemente.

Es allí donde talla decididamente la especialización profesional en las diferentes áreas del Derecho, que da pie al manejo de un asequible volumen de información, como así también al control de la obsolescencia de la documentación jurídica de su segmento, con un plausible seguimiento del estado de vigencia de la normativa y jurisprudencia aplicable a los casos en los que toca intervenir.

Al mismo tiempo, otro fenómeno con aptitud para contrarrestar los efectos de la explosión documental viene dado por la utilización de las nuevas tecnologías derivadas de la informática, aplicadas a la actividad de abogados, fiscales, jueces y funcionarios judiciales, que permite reducir el tiempo dedicado a la inexorable obtención de información jurídica que antecede al estudio de cualquier caso o asunto.

Lo que aquí procuramos fue trazar un acercamiento desde un ángulo particular, por el cual entendemos que los operadores jurídicos que se especialicen temáticamente y se familiaricen con el manejo de técnicas documentales, estarán en mejores condiciones de propiciar o tomar decisiones respetuosas de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, incrementarán la competitividad profesional frente a sus adversarios, en un escenario donde parece cada día más lejana la posibilidad de prescindir de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la esfera jurídica.

Por Mariano Borinsky y Daniel Schurjin Almenar

Mariano Borinsky, Juez de la Cámara Federal Casación Penal, Presidente Comisión Reforma Código Penal, Doctor en Derecho Penal (UBA), Profesor universitario UBA, UTDT, UA.

Daniel Schurjin Almenar, Subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación. Especialista en Administración de Justicia (UBA), profesor universitario UBA.

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